Reforma Procesal Penal
La Fundación CONSTRUIR se encuentra comprometida con promover el avance de la reforma procesal penal en Bolivia, a fin de fortalecer un sistema democrático de administración de justicia penal basado en las garantías de las personas de tipo acusatorio. Parte del equipo técnico de nuestra organización abogó y acompañó desde la sociedad civil el proceso de implementación y difusión del Nuevo Código de Procedimiento Penal.
Los lineamientos de la reforma procesal penal en Bolivia buscaron fortalecer:
- El efectivo cumplimiento de las garantías constitucionales.
- Excepcionalidad y proporcionalidad en la detención preventiva.
- Eficiencia en la investigación
- Oralidad plena
- Revalorización de la víctima
- Participación ciudadana
- Respeto a la diversidad cultural
- Control sobre la retardación de justicia
- Simplificación del proceso
- Judicialización de la etapa de ejecución de la pena
Estos elementos contribuyeron a democratizar la justicia boliviana; sin embargo, en el último tiempo se evidencian algunas tendencias de contra reforma, que buscan volver hacia un sistema penal inquisitivo, como es el caso de la Ley Nº 007 de modificaciones al sistema de justicia penal, que amplia los plazos permisibles de detención preventiva.
Esta situación se ha dado en respuesta a una creciente demanda pública contra la inseguridad ciudadana, prácticas que no han ayudado a bajar las tasas de criminalidad y generando más bien que en las cárceles del país existan más del 75% de presos sin condena. Uno de los elementos que ha contribuido a este incremento es la falta de información de calidad, amplia y verificada para que los operadores del sistema puedan tomar mejores decisiones a momento de fijar las medidas cautelares que aseguren la averiguación de la verdad y el respeto al derecho de presunción de inocencia.
En ese sentido, la Fundación CONSTRUIR, con la asistencia técnica del CEJA, promueve en el país la aplicación de sistemas de información, evaluación del riesgo y verificación de datos como servicios especializados previos al juicio, a fin de buscar asumir el desafío de equilibrar la presunción de inocencia y el debido proceso con las necesidades de preservar la seguridad pública.