El Parlamento aprueba ley que reduce los tiempos para los comicios judiciales
El Parlamento aprobó este jueves una «Ley Transitoria» que reduce los tiempos para que la selección de candidatos y la organización de las elecciones judiciales se realicen este año, luego de que una corte constitucional ordenó el inicio de un nuevo proceso con un nuevo cronograma.
Entre los principales ajustes está el plazo de postulación y preselección de los candidatos a los altos cargos del Poder Judicial que debe ser «hasta 60 días» además que la organización de los comicios puede extenderse únicamente «hasta 100 días».
La norma aprobada por la mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) también dispone la elaboración de un nuevo reglamento para la preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
La «Ley Transitoria», que fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados pasa ahora al Ejecutivo para la promulgación presidencial.
Durante el debate, la senadora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos calificó como un «mamarracho» la ley sancionada ya que «contrapone» los nuevos plazos a los que fija la vigente Ley del Régimen Electoral de 2010.
En esa norma ya se ajustaron los tiempos por una ley en 2017, de 80 a 70 días para la preselección de candidatos y de 150 a 120 días para la organización del proceso electoral, indicó.
Al respecto, el senador del MAS Rubén Gutiérrez aseveró que una norma actual «supera a la ley anterior» por lo que los nuevos tiempos «incorporan modificaciones» a los que existen en la legislación precedente.
Hace unos días, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, dijo que la elección judicial «está supeditada» a una decisión del Tribunal Constitucional y abrió la posibilidad de aplicar una solución «B» en caso extremo.
A mediados de abril, el Parlamento se vio forzado a paralizar e iniciar una nueva selección de postulantes para las elecciones del Poder Judicial debido a que una corte constitucional dejó «sin efecto» ese proceso.
En esa ocasión como ahora, la oposición acusó al MAS de utilizar la selección de postulantes para las elecciones judiciales con fines «políticos» para elegir magistrados afines.
La Constitución promulgada en 2009 introdujo la elección mediante voto popular de las máximas autoridades de los principales tribunales con candidatos seleccionados previamente por dos tercios en el Legislativo.
En las primeras elecciones judiciales de 2011 hubo una gran cantidad de electores que votaron nulo y blanco en rechazo al proceso, al considerarlo manipulado por la mayoría legislativa del MAS para elegir a magistrados afines al oficialismo.
En 2017, los comicios judiciales tuvieron resultados similares.
Las elecciones judiciales no han logrado resolver la crisis que arrastra la Justicia boliviana desde hace décadas, provocada por la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados.