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En la evaluación de méritos se tomarán tres criterios: experiencia profesional, formación académica y producción intelectual.
La Cámara de Senadores aprobó este martes la Ley 144 Transitoria de las Elecciones Judiciales, que fue promulgada en esta misma jornada por el presidente Luis Arce Catacora, por lo que ahora la Asamblea Legislativa tiene 80 días para elegir y definir la lista de los mejores y más idóneos postulantes a magistrados del Órgano Judicial, informó la senadora Virginia Velasco Condori.
De acuerdo con la legisladora, una vez que la Asamblea Legislativa apruebe por dos tercios de votos la selección de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Judicatura, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá 150 días para la realización de las elecciones judiciales.
“Hemos aprobado la Ley 144 para viabilizar las elecciones judiciales y estas contemplen a los mejores candidatos, los más idóneos y meritocráticos que serán evaluados y aprobados en el Legislativo. Pero lo que tenemos que lamentar es que, por la ambición y los intereses del ‘jefazo’ (Evo Morales), se ha ocasionado daños irreparables no solo a la economía del país, a los empresarios, a los productores, a los gremialistas, más aún cuando estamos a vísperas de carnavales, donde el comercio es muy alto”, dijo Velasco.
En ese marco, la senadora explicó que el proceso de preselección de los postulantes estará a cargo de las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia del Legislativo, acompañados por veedurías internacionales y nacionales. Estas remitirán sus informes al pleno de la Asamblea Legislativa. El plazo para todas las fases de la preselección es de 80 días, conforme el siguiente detalle:
a) Publicación de la Convocatoria (3 días).
b) Presentación de postulaciones (20 días).
c) Verificación de requisitos habilitantes generales y específicos (5 días).
d) Publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (2 días).
e) Presentación de impugnaciones (5 días).
f) Resolución de impugnaciones (5 días).
g) Presentación del Recurso de Revisión (5 días)
h) Resolución del Recurso de Revisión (5 días)
i) Publicación de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos (1 día)
j) Evaluación de méritos (14 días).
k) Aprobación de los Informes de Preselección y remisión al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (5 días).
l) Sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la aprobación o rechazo de los Informes de las Comisiones Mixtas (hasta 8 días).
“Los requisitos para la presentación de postulantes estarán acorde a la Constitución, la Ley 025 y la Ley 027, demostrando idoneidad para el cargo. En caso de inhabilitación por incumplimiento de requisitos, las y los postulantes tienen el derecho de interponer una impugnación y un recurso de revisión. Se tendrá dos criterios para la preselección, ambos sobre 100 puntos, haciendo un total de 200 puntos calificables: Por lo que habrá una evaluación de méritos y un examen con preguntas escritas y respuestas orales”, dijo Velasco.
En la evaluación de méritos se tomarán tres criterios: experiencia profesional, formación académica y producción intelectual, conforme lo siguiente: Examen de preguntas escritas y respuestas orales, 5 preguntas elaboradas por universidades, colegios de abogados y escuelas de jueces. Por lo que para ingresar a la preselección los postulantes deben tener un mínimo de 130 puntos, señaló.
Explicó, que en la modalidad de la votación, se establece que las Comisión Mixta de Constitución enviará en su informe mínimo de 36 postulantes y una máximo de 72 para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional, y la Comisión Mixta de Justicia enviará un mínimo de 14 y máximo de 28 postulantes para Tribunal Agroambiental y un mínimo de 10 y máximo de 20 postulantes para el Consejo de la Magistratura. Es así que “la votación en la Asamblea contemplará a todas y todos los candidatos enviados en los informes de las comisiones mixtas para que ingresen a la papeleta”.
La norma, que garantiza las elecciones judiciales, fue promulgada al finalizar la tarde de este martes, por el presidente, Luis Arce.
![Los Tiempos Los Tiempos](https://www.fundacionconstruir.org/wp-content/uploads/2024/01/Los-Tiempos.png)
El presidente Luis Arce promulgó ayer la Ley 144 Transitoria para las Elecciones Judiciales, que fue aprobada en la Asamblea Legislativa. En el acto, arropado por organizaciones sociales afines y funcionarios, el mandatario expresó su rechazo a los bloqueos y consideró que esa medida de presión buscaba su “cabeza”.
La ley actual se consensuó luego de un bloqueo de casi dos semanas del ala “evista”, que exigía la realización de elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados prorroga.
“Ha sido innecesario estos bloqueos. El afán: desgastar, venir por la cabeza del Presidente, como lo han anunciado ya y lo han dicho públicamente que es el objetivo no se puede engañar al pueblo boliviano de esa manera y no se no se puede ahorcar Ni ahogar la economía del pueblo boliviano por esos intereses particulares”, dijo Arce.
“Sacrificio del pueblo”
En tanto, el expresidente Evo Morales en sus redes sociales dijo que “gracias a la lucha y sacrificio de los movimientos sociales, bajo el liderazgo del movimiento indígena y la unidad del pueblo boliviano, se ha podido dar un paso más en la aprobación de la convocatoria a las elecciones del Órgano Judicial, de otra manera no hubiera sido posible. Falta aún que los magistrados truchos e ilegales se vayan a sus casas”.
Según Morales, el Gobierno no tiene la intención de devolverle a Bolivia la institucionalidad de los poderes del Estado, “su plan es todavía violar la Constitución Política del Estado para prorrogarse en el poder a cualquier precio, incluso atentando contra la democracia y las libertades”, escribió en la red X.
Reproches
En su discurso, Arce reprochó los perjuicios económicos de los bloqueos del ala “evista”, porque considera que sólo buscaban intereses personales y desgastar al Gobierno.
El Presidente denunció que las medidas de presión causaron un daño de mil millones de dólares, además de problemas como el tránsito de las cisternas.
Rechazó que se utilice las elecciones judiciales para sacrificar al pueblo y darle una puñalada a la economía”. “Es absolutamente insensible, más aún cuando todo el pueblo boliviano sabe que la motivación fue política para satisfacer la ambición personal de poder”, aseveró.
Críticas
En el acto, se pronunciaron legisladores “arcistas” como el diputado Juan José Jaúregui, a quien “evistas” y opositores acusan de ser el principal obstaculizador de las elecciones judiciales, con actitudes como haber remitido una proyecto de ley anterior ante los altos tribunales para su consulta.
Jáuregui acusó a las otras bancadas de tener un contubernio y de haber promovido leyes que tenían elementos inconstitucionales para convocar a elecciones judiciales.
Aseguró que estas elecciones no son “producto de la imposición de los bloqueos” ni de la imposición del bloque radical, sino “producto del mandato de nuestro presidente Lucho”.
El proceso electoral tendrá dos etapas
La disposición Quinta I de la nueva ley señala que la elección tiene dos etapas: el proceso de preselección y el proceso de elección. Los plazos serán de acuerdo a la Ley 026 de Régimen Electoral.
“La postulación y preselección tendrá una duración de hasta 80 días calendario”, dice la norma; mientras que “la organización y realización de la votación popular, con una duración de hasta 150 días calendario”.
Asimismo, precisa en el parágrafo III que el “Tribunal Supremo Electoral podrá adecuar la convocatoria, el calendario electoral y los procesos administrativos necesarios a los alcances y plazos establecidos en la presente ley”.
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La senadora del MAS Virginia Velasco y el contralor general del Estado, Henry Lucas Ara, presentaron ayer el proyecto de Ley de Supervisión y Acceso a la Información en el ejercicio del Control Gubernamental, que amplía la facultad de fiscalización de la Contraloría General del Estado.
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La Fundación de Ingenieros de Bolivia diseñó la herramienta que vincula directamente con la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.
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La Fundación InternetBolivia.org expresó su profunda preocupación por el repentino cierre, y sin previo aviso, de la plataforma de datos geográficos abiertos Geobolivia (https://geo.gob.bo).
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El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, rechazó la decisión del Gobierno de Luis Arce de expropiar terrenos de la iglesia donde están instaladas las antenas de la Radio Juan XXIII y Canal 9 TV San Ignacio.
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La presidenta de la Comisión de la Verdad señaló que se recomendó al Gobierno la construcción de este espacio en La Paz, y más en otros departamentos. Y dijo que lo ocurrido en 2019 fue un golpe de Estado.
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Bolivia aún no cuenta con leyes nacionales en materia de acceso a la información pública, aunque sí con regulaciones de menor jerarquía (DS N° 28168 y DS 0214), y tampoco una norma que regule la distribución de publicidad.
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La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y en Razón de Genero, Pilar Díaz, informó que en Bolivia, en lo que va del año, se han reportado 11.133 casos en delitos enmarcados en la Ley Nº 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
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Una veintena de entidades de la sociedad civil denunció este viernes el deterioro de las instituciones y la normativa fundamental de un estado democrático, en medio de una confrontación social y política.