Publicada ayer la convocatoria a postulantes para las elecciones judiciales, la Asamblea Legislativa deberá aprobar una lista de 192 candidatos en un plazo de 80 días. El registro para los interesados estará abierto por 20 días a partir del martes.
Al final, los comicios están encaminados, luego de una serie de trabas jurídicas, divergencias políticas y protestas sociales. En un plazo de 230 días, cuya fecha puede caer a finales de agosto o principios de septiembre, serán elegidos en urnas 23 magistrados, titulares y suplentes, de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ) Agroambiental y Constitucional Plurinacional (TCP), y tres consejeros, también titulares y suplentes, del Consejo de la Magistratura.
A través de sus redes sociales, la Cámara de Senadores publicó ayer la convocatoria, que deberá ser difundida hasta este lunes, antes de iniciarse el siguiente paso: el registro de postulaciones.
NORMA. Así lo dispone la Ley 1549, Transitoria de Elecciones Judiciales, promulgada el 6 de febrero por el presidente Luis Arce.
Según la convocatoria aprobada el viernes en una no menos polémica sesión de la Asamblea Legislativa, el proceso de preselección terminará con la aprobación de la lista de candidatos. Luego de la publicación de la convocatoria, vendrá una serie de fases hasta la evaluación de méritos y la aprobación de informes de preselección y remisión al presidente de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca.
Finalmente, la Asamblea Legislativa dispondrá de ocho días para la aprobación —por dos tercios de votos de los presentes— o rechazo de los informes de las comisiones mixtas.
La Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral será la encargada de elevar un informe a la Asamblea Legislativa con la lista de un mínimo de 36 y un máximo de 72 postulantes al Tribunal Supremo de Justicia, y un mínimo de 36 y un máximo de 72 postulantes para el Tribunal Constitucional.
Y, por su lado, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal pasará un informe con la lista de un mínimo de 14 y un máximo de 28 postulantes al Tribunal Agroambiental, y otra de un mínimo de 10 y un máximo de 20 postulantes al Consejo de la Magistratura.
Sumarán hasta 192 los candidatos preseleccionados para los tres tribunales y la magistratura, a diferencia de los 96 que hubo en las elecciones de 2011 y 2017.
La convocatoria establece que la Asamblea Legislativa aprobará los informes finales de las dos comisiones “de manera completa, integral e indivisible”. “En caso de no lograr la mayoría calificada, se continuará con la votación alcanzar los dos tercios de votos”.
Una vez aprobada la lista de candidatos, la Asamblea Legislativa deberá derivarla en dos días al Tribunal Supremo Electoral (TSE), trámite que le permitirá a éste organizar las elecciones n un plazo de hasta 150 días.
GARANTÍAS. Sobre el trabajo de preselección de postulantes, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, comprometió transparencia.
“Vamos a buscar a los mejores hombres y las mejores mujeres con absoluta transparencia, dando énfasis a los méritos que tengan tanto profesionales como de experiencia, y también con veedores internacionales y nacionales”, dijo a Bolivia Tv.
Ley 1549 y la convocatoria a preselección de postulantes fueron posibles luego del acuerdo del 2 de febrero entre legisladores del MAS, de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, a instancias del presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca.
El proceso fue apurado luego de que el TCP anulara una convocatoria anterior y prorrogara el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017, esto último con su Declaración 049/2023.
Después de la promulgación de la Ley 144 de Elecciones Judiciales, el presidente Luis Arce afirmó este martes que las “elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural”, que tiene la “justicia boliviana”, porque a la población litigante no le interesa quién es el magistrado, sino que su caso se agilice.
“Estas elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural que tiene nuestra justicia boliviana, porque a las hermanas y a los hermanos que están litigando en los diferentes tribunales, no les interesa quién es su magistrado, les interesa que se agilice su trámite, su juicio que tiene ahí, que salga no en 20, en 30 años, y salga mal todavía”, dijo el mandatario.
Junto al vicepresidente David Choquehuanca, Arce promulgó la tarde de este martes la Ley de 144 “Transitoria para las Elecciones Judiciales” ante organizaciones sociales y legisladores arcistas en la Casa Grande del Pueblo, y en medio de un bloqueo de afines a Morales que dejó millonarias pérdidas, ocho muertos y más de mil millones de dólares de pérdidas en 16 días de interrupción caminera.
Arce informó que en todo momento se dijo que la solución al tema de las judiciales debía darse en el Legislativo, como ocurrió con el acuerdo firmado el 2 de febrero, después de un consenso que priorizó la meritocracia en la selección de los futuros candidatos, proceso que debe culminar en un plazo máximo de 230 días con nuevos magistrados.
Una vez promulgada la ley 144, el trabajo retorna al Legislativo, donde se deberá dar curso a la preselección de candidatos y posterior elección de nuevas autoridades.
“El trabajo de nuestra banca (arcistas del MAS) va a ir en ese sentido de procurar y evitar cualquier cuoteo que se esté dando en la Asamblea Legislativa Plurinacional con fines de resolver aspiraciones personales de cualquier índole”, aseguró en alusión a la intensión de los evistas de asegurarse autoridades para revertir el fallo constitucional que impide una nueva postulación de Morales.
El diálogo sobre las elecciones judiciales anunciado por el Gobierno se celebrará este lunes, en la Vicepresidencia. El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, convocó a los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados y a los representantes de las tres fuerzas políticas del Parlamento, así como a los presidentes de las comisiones de Constitución y Justicia Plural de ambos cuerpos legislativos.
“Se convoca al diálogo bajo las reglas de la democracia, la Constitución y el respeto a los derechos humanos como el único camino para viabilizar los consensos”, señala la nota enviada a las autoridades legislativas.
La reunión está fijada para las 15:00 del lunes 29 de enero en ambientes de la Vicepresidencia, en la ciudad de La Paz, precisa una nota institucional.
El pasado lunes, durante el acto por el Día del Estado Plurinacional, Choquehuanca llamó a senadores y diputados a dejar intereses personales y alcanzar consensos para garantizar las elecciones judiciales.
Asimismo, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció un diálogo, pero hasta este miércoles no se había confirmado la fecha ni el lugar del encuentro.
El proceso de preselección de candidatos de las elecciones judiciales se encuentra estancado en el Legislativo desde mayo pasado, debido a recursos presentados en contra de la convocatoria y reglamento de preselección de candidatos.
El ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos abogan por avanzar hacia las judiciales con el proyecto de Ley 144 que fue aprobado en el Senado, pero que tiene artículos observados por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mientras que el bloque “arcista” pretende tratar una nueva propuesta.
Señala que este problema abarca a la Fiscalía, el Ministerio Público y en la formulación del debido proceso, advierte que ocurría en esa época y que que «persiste» en la actualidad.
Los expertos ponen en la mira a la Justicia boliviana y proponen un plan integral de reparación de daños, además de otro para investigar los sucesos.
Además, según el resumen de su informe presentado esta mañana, que “los líderes políticos deben abstenerse de usar la problemática del racismo para generar discursos de odio, estigmatización y violencia”
El informe también señala que centenares de personas resultaron afectadas “tanto física como mentalmente”
Su informe señala a la Policía Boliviana, a trabajadores del área de la salud, a los líderes cívicos de entonces Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, y también a autoridades del gobierno de Jeanine Áñez
Recomienda al Gobierno boliviano la creación de un “programa de reparaciones” y atención integral a las víctimas
“Vamos a conformar una gran comisión inicialmente de fiscales para que de manera prolija lleven adelante la revisión y la implementación de cada una de las recomendaciones”, dijo Lanchipa.