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Ante la falta de consensos para la aprobación de créditos internacionales y el tratamiento de proyectos de ley contra la prorroga judicial, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, sostuvo que los acuerdos alcanzados por la “Comisión Bicameral Multipartidaria” fracasaron, realidad que impide a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) avanzar en otros temas que le competen.
“Sin duda se puede decir que ha habido un fracaso del acuerdo alcanzado en la Vicepresidencia, pero eso es culpa del actual Gobierno al no cumplir dicho pacto. Las fechas señalaban un tiempo entre el 5 y el 9 de febrero, ya se ha sobrepasado ese lapso y ha quedado demostrada la falta de interés en encontrar salidas a este tema”, dijo Astorga en conferencia de prensa.
Señaló además que, desde la oposición se mantendrá la posición de no viabilizar ningún crédito que llegue desde el Ejecutivo, mientras no se elimine la “autoprorroga” dispuesta por el TCP en favor de Magistrados en el Órgano Judicial.
Por ello, Astorga apuntó al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, por no convocar a sesiones de esta instancia con la finalidad de tratar los proyectos de ley aprobados anteriormente en el Senado para terminar con la prorroga judicial.
Asimismo, adelantó que mientras no se avance en esos temas, el trabajo de la Asamblea Legislativa quedará estancado y no se podrán realizar sesiones absolutamente de nada, “si no quieren que exista un empantanamiento en el Parlamento, se tiene que convocar a sesiones para, de una vez, aprobar la anulación de la prorroga y otros proyectos de ley que son de interés para el país”, finalizó.
En el acuerdo firmado por los integrantes de la “Comisión Bicameral Multipartidaria”, el pasado viernes 2 de febrero, se estableció que entre los días 5 y 9 del presente mes, Diputados y Senadores traten y aprueben proyectos de ley que tienen que ver con la agenda económica del país, después de tratar, por tiempo y materia, los proyectos de ley contra la prorroga judicial.
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La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa solicitará al Ministerio de Economía un presupuesto adicional de Bs 830.723,8 para encargarse del proceso de preselección de los candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La petición fue respaldada por más de dos tercios de los legisladores en la sesión de este miércoles, en la que también se aprobó la convocatoria que debe ser ratificada por el pleno del Legislativo para activar la preselección de los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura.
De acuerdo con el secretario técnico de la Comisión de Constitución del Senado, el presupuesto financiará la compra de equipamiento, contratación de personal, alimentación, trasporte y comunicación para el operativo que debe concretarse en 80 días.
Por ejemplo, se realizará la contratación de personal eventual por el lapso de seis meses con un presupuesto de Bs 347.000; para viáticos se destinarán Bs 20.000; para comprar al menos cinco computadoras e impresoras, Bs 250.000; y para publicidad, Bs 25.000, entre otros ítems.
“Todo esto, señor presidente (senador Miguel Rejas) y miembros de la Comisión Mixta hace un total de 830.723,8 bolivianos, lo que quiero aclarar es que la Comisión Mixta no tiene ningún presupuesto asignado”, precisó el funcionario durante la sesión.
La senadora de Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos informó que en la gestión 2023 cada Comisión, tanto de Constitución y de Justicia Plural de Diputados y de Senadores, hicieron la solicitud de presupuesto adicional de forma independiente.
El diputado de Comunidad Ciudadana Pablo Arizaga consideró que es una vergüenza discutir quién va a administrar el dinero.
Mientras, el jefe de la bancada del MAS en Diputados, Jerges Mercado, replicó que es necesario definir competencias y sugirió que los oficiales mayores de Senadores y de Diputados se encarguen de realizar las gestiones para cada comisión.
Al respecto, el presidente de la Comisión Mixta, el senador Miguel Rejas, coincidió que deben “ponerse de acuerdo con los oficiales mayores y gestionar ante el Ministerio de Economía”.
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El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó este viernes el acuerdo arribado por la Comisión Bicameral y Multipartidaria conformada por las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional para definir el rumbo de las elecciones judiciales.
“Destacamos el acuerdo arribado en la ALP para llevar adelante las Elecciones Judiciales como muestra del respeto a los Derechos humanos. Exhortamos a los movilizados a efectivizar una pausa solidaria en bloqueos”, escribió la autoridad en sus cuentas de redes sociales.
Según el acuerdo, el 5 de febrero, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley 144/2023 hasta aprobarla y al día siguiente hará lo propio el Senado y luego será remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
En la víspera, el Defensor del Pueblo alertó sobre “un peligroso agravamiento de la conflictividad en el país”, mismo que está afectando los derechos de la población desde el 22 de enero cuando comenzaron los bloqueos en varias partes del país.
En ese sentido exigió al Estado y los actores políticos involucrados a que “agoten el diálogo y resuelvan este conflicto como único camino de solución”.
Desde que se instalaron los bloqueos en Oruro, Cochabamba, Potosí y La Paz, la Defensoría del Pueblo dispuso profesionales defensoriales de las 21 oficinas en los puntos de conflicto para atender posibles vulneraciones de derechos, tanto de los terceros afectados, con prioridad personas en situación de vulnerabilidad, así como los manifestantes que ejercen su derecho a la protesta pacífica. //ag
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El diálogo sobre las elecciones judiciales anunciado por el Gobierno se celebrará este lunes, en la Vicepresidencia. El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, convocó a los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados y a los representantes de las tres fuerzas políticas del Parlamento, así como a los presidentes de las comisiones de Constitución y Justicia Plural de ambos cuerpos legislativos.
“Se convoca al diálogo bajo las reglas de la democracia, la Constitución y el respeto a los derechos humanos como el único camino para viabilizar los consensos”, señala la nota enviada a las autoridades legislativas.
La reunión está fijada para las 15:00 del lunes 29 de enero en ambientes de la Vicepresidencia, en la ciudad de La Paz, precisa una nota institucional.
El pasado lunes, durante el acto por el Día del Estado Plurinacional, Choquehuanca llamó a senadores y diputados a dejar intereses personales y alcanzar consensos para garantizar las elecciones judiciales.
Asimismo, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció un diálogo, pero hasta este miércoles no se había confirmado la fecha ni el lugar del encuentro.
El proceso de preselección de candidatos de las elecciones judiciales se encuentra estancado en el Legislativo desde mayo pasado, debido a recursos presentados en contra de la convocatoria y reglamento de preselección de candidatos.
El ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos abogan por avanzar hacia las judiciales con el proyecto de Ley 144 que fue aprobado en el Senado, pero que tiene artículos observados por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mientras que el bloque “arcista” pretende tratar una nueva propuesta.
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Los colectivos que defienden las organizaciones sexuales y la identidad de género buscan que las personas transgénero y transexuales estén protegidas por el Estado. Plantean la inclusión del lesbicidio y transfeminicidio como delitos y las sanciones correspondientes.
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El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, inauguró el “Curso Especializado en Prevención de la Violencia”, dirigido a funcionarios del Ministerio Público a nivel nacional, que se desarrolla del 3 de mayo al 13 de junio en la modalidad virtual.
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Desde el Gobierno y la Federación de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba le recordaron que la Ley de Imprenta está vigente y la Constitución protege la libertad de prensa y expresión.
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El Directorio de Cuenca de Usuarios de las Aguas del Desaguadero-Mauri (Dicuadema) informó que está presentando una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para frenar las obras de trasvase del Río Mauri, porque afectará el sistema hídrico para regiones de La Paz y Oruro.
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“He logrado un cambio grande, pero cuesta, definitivamente, cuesta”, sostiene Carlos Aguirre, estudiante de la Universidad Tomás Frías, de Potosí, al concluir que el esfuerzo vale la pena “para guiar a otros hombres y evitar más feminicidios”.
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La Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) emitió una resolución a través de la cual reconoce como directorio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) al electo en la comunidad Santa María de la Junta y anuncia que defenderán la vida orgánica de esta región y entidad.