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¿Quién tiene la culpa?

Las más altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio Público, se enfrascaron en una pugna para eludir responsabilidades sobre la retardación de justicia, y pretenden culpar a otros, de su lenidad. ¿Serán culpables los miles de presos sin sentencia o a los cientos de miles de litigantes que tienen la desgracia de acudir a los tribunales? Primero el fiscal General, Ramiro Guerrero, en conferencia de prensa, afirmó que el 83% de los casos de narcotráfico está demorados en los juzgados y hay sólo 17% en la fase de investigación en manos de los fiscales. Inmediatamente salió al frente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge Isaac von Borries, quién expuso datos estadísticos sobre la mora procesal en materia penal, y aclaró que los procesos por narcotráfico apenas alcanza a un 4%, en cambio hay más del 90% en la fase investigativa y de imputación que esperan un requerimiento fiscal, es decir, están bajo tuición del Ministerio Público.

Aseguró que en las nueve capitales de departamento y El Alto, hay 159.000 causas penales en trámite, de ellas, 4.500 (2,8%) se encuentran con acusación para juicio oral a la espera de la celebración de una audiencia conclusiva en los juzgados, empero, más de 150.000 (94%), están a la espera de un requerimiento conclusivo de los fiscales.

Daría la impresión de que ambas autoridades buscan eludir sus competencias, ignorando que todo funcionario público tiene el deber de rendir cuentas de sus actos y asumir responsabilidades por sus actuaciones en el marco de sus atribuciones. Pero a nadie debe extrañar estos extremos, ya que la única verdad es que los proyectos de reforma institucional en la Justicia, efectuados en las últimas dos décadas, fueron truncados irresponsablemente, bajo el pretexto de un cambio que nunca llegó y que destruyó lo poco que se había avanzado. Lejos de solucionar los problemas, se adoptaron determinaciones que han contribuido a hacer desaparecer todo vestigio de independencia del sistema judicial, y favorecer la politización. Todo litigante sabe de las deficiencias del sistema, pero algunos estudios ayudan a ver con mayor claridad el problema. El debido proceso ha quedado como anhelo del pasado, la retardación de justicia ya no es un tema de denuncia por su situación excepcional, si no la permanente realidad. La detención preventiva ha sustituido al debido proceso, y en este momento el 84% de los ciudadanos privados de libertad no tienen sentencia, y se encuentran hacinados en recintos penitenciarios que violan los más elementales derechos humanos.

La Fundación Construir, realizó el estudio "Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva en Bolivia", con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y varias otras instituciones, entre ellas, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), la Universidad Católica Boliviana y la Universidad Salesiana. Este estudio señala que el 84% de la población carcelaria se encuentra a la espera de una sentencia, lo que coloca a Bolivia, en una situación más crítica que Haití.

Después de tres años del peor experimento judicial de la historia, ya nadie confía en jueces, magistrados ni autoridades del sistema judicial. El fracaso del cambio ya no es posible disimularlo y es el propio gobierno el que reconoce los errores, y ahora se propone destituir a los magistrados mediante recursos de dudosa legalidad, y hasta se anuncia un referendo revocatorio para el mandato de magistrados. Recordemos que el pueblo boliviano, mediante sus organizaciones más representativas, se opuso a la amañada elección de autoridades del sistema judicial, en un proceso que se impuso pese al rechazo de la ciudadanía expresado en las urnas.

Después de numerosas denuncias de corrupción en el sistema, el descubrimiento de la red de extorsión de funcionarios de Estado, y las revelaciones del ex fiscal Marcelo Sosa sobre un posible montaje de pruebas en el caso Terrorismo, en el que él operaba como director funcional de las investigaciones, además de otros hechos vergonzosos en los que se vieron involucrados altos jefes policiales, finalmente autoridades de gobierno reconocen que se equivocaron. Efectivamente, hace algo más de un mes, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, admitió que se "equivocaron" en la elección de autoridades judiciales por voto directo, y que se están buscando políticas de cómo cambiar esa situación. Admitir los errores es un avance frente a la actitud inflexible que se mostraba hasta hace poco, cuando abiertamente se instaba a controlar los cuatro poderes del Estado. Pero eludir responsabilidades y culpar a otros, dice mucho de quienes apelan a este recurso. La retardación de justicia es un mal en el que está inmerso todo el sistema judicial, que ha quedado a merced de los poderes políticos.

Fuente : http://www.jornadanet.com/Opinion/n.php?a=4383


Fecha de publicación: 2014-09-18

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