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Indulto carcelario: ¿borrón y cuenta nueva?

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En Bolivia se analiza un anteproyecto de “Ley de Concesión de Indulto por Razones Humanitarias” que beneficiaría a presos con sentencias ejecutoriadas en todo el país, por delitos con penas inferiores, que sean menores de 21 años, mayores de 60, o afectados por alguna discapacidad o con alguna enfermedad terminal; razones humanitarias y atendibles, necesarias y urgentes, frente a las graves condiciones carcelarias que vive el país justifican plenamente.

Sólo faltaría agregar el caso de mujeres embarazadas y mujeres con hijos menores de seis años, a fin de atender la dramática realidad de niños en las cárceles.

Una política penitenciaria de indulto, que signifique solamente borrón y cuenta nueva, constituye una medida decisiva ante la emergencia, pero no soluciona estructural y sosteniblemente el problema del hacinamiento carcelario. Puede terminar convirtiéndose en una forma de crear más espacio para nuevos reos.

El indulto es una forma excepcional de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena impuesta bajo una sentencia condenatoria ejecutoriada. Para que tenga impacto, debe haber sentencias; pero ocurre que la situación carcelaria en Bolivia es más crítica, ya que el 85% de presos sin condena está en las celdas del país.

No solamente se trata de atender a los sentenciados que cumplen esas condiciones de vulnerabilidad, sino también a los más de 10.000 presos en detención preventiva. Entonces, el anteproyecto de ley debe considerar formas alternativas de libertad, como medidas sustitutivas a la detención preventiva en favor de internos que están “temporalmente” detenidos hasta que terminen sus juicios.

Una experiencia interesante es la de Ecuador. En enero de 2009, el presidente Correa encomendó a la Defensoría Pública la tarea de reducir a cero el número de personas privadas de libertad sin sentencia, aplicando a tal efecto los recursos constituciones y legales que promuevan la resolución judicial definitiva de sus causas. Se revisaron los expedientes de todos los detenidos preventivamente, y en los casos de exceso al plazo legal, fueron liberados por prisión ilegal.

El indulto es urgente, pero no debe ser aplicado de forma aislada. Se debe revisar la situación individual de los presos preventivos, otorgarles medidas alternativas de libertad, junto a la implementación de sistemas de verificación de información y evaluación de riesgos, así como de monitoreo continuo de los reclusos que accedan al beneficio de libertad.

Es necesario generar un verdadero cambio en el sistema cautelar, reduciendo el plazo máximo de detención preventiva de manera concordante al plazo razonable establecido en instrumentos internacionales, junto a la creación de un sistema de libertad vigilada y condicionada al buen comportamiento; mediante la implementación de oficinas independientes de verificación de medidas alternativas, para supervisar que quienes sean puestos en libertad, cumplan con dichas medidas con las que se beneficiaron.

Ramiro Orias A. es abogado,
especialista en reforma judicial, Director Ejecutivo Fundación CONSTRUIR.

Fuente : http://www.paginasiete.bo/Generales/Imprimir.aspx?id=297327


Fecha de publicación: 2012-08-22

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